La candidatura a Rector de la UBA
Alejandro
Kaufman
Caza de brujas, así se denomina la
estructuración de la modalidad de poder que encuentra su fundamento en la
persecución al diferente. La “caza de brujas” estigmatiza a las personas por lo
que presuntamente son, no por sus responsabilidades según sus actos. Implica
también marcar a alguien por su pasado, ignorando su devenir posterior y su
presente. La “caza de brujas”, entonces, remite al despojamiento de los
derechos de sus destinatarios. Se tiene derecho a habitar un territorio,
estudiar o trabajar. Se tiene derecho a postularse como candidato a un cargo
legislativo. Por ejemplo, Patti ejerció su derecho a
ser elegido como parlamentario. Cuando se lo cuestiona como diputado, no se le
niegan sus derechos a postularse, pero sí a ser designado, debido a la
naturaleza singular del crimen contra la humanidad, que desgarra cualquier
trama normativa. El cuestionamiento podría haberse extendido por lo tanto
también al derecho a postularse. El candidato a rector de la UBA no es Patti. Sin embargo, aunque el derecho a postularse para
rector de la UBA tiene vigencia, no hay obligación de admitir a determinado
candidato por sobre ciertas condiciones morales que problematizan los tiempos postdictatoriales.
La discordia surge cuando el número
adopta una elección objetable moralmente por una minoría. Se plantea uno de los
límites de la democracia representativa, que no son pocos. Si la mayoría no
aprecia el juicio moral de la minoría se produce un conflicto que no tiene
necesariamente solución apelando a las normas. Requiere otras vías de diálogo o
de confrontación, en la medida en que una minoría presenta su convicción moral
ante el derecho formal de las mayorías.
No admitir la posibilidad de un
diferendo de esta naturaleza implica en última instancia una renuncia a luchar
por la democracia en situaciones límite. En el caso del rectorado de la UBA, lo
que se impugna es un candidato tan mediocre desde el punto de vista de una
ética civil postdictatorial. No se lo cuestiona como
decano de su facultad (aunque en el transcurso del conflicto se llegó también a
eso). Es cierto que resulta difícil establecer el límite de lo exigible
moralmente a las generaciones que convivimos con el horror. En todo caso habría
que discutir ese límite. Claro que no se trata de categorizar sólo a los
perpetradores, a quienes hicieron el trabajo sucio, porque si pudieron hacerlo
fue por complicidades y concurrencias sin las cuales el horror no hubiera
podido tener lugar. Claro que no podríamos imaginar un dispositivo de pureza
moral que determinara las inocencias y culpabilidades de aquellas generaciones.
Sin embargo, hay responsabilidades, y haber participado tanto en el estado como
fuera de él en un sinnúmero de posiciones y actitudes supone la posibilidad y
la necesidad latente de que se presenten los respectivos reclamos. Una
condición esencial para evitar la “caza de brujas”, riesgo cierto de una
discusión semejante, es eludir el pasado como única referencia de la
calificación ético política de candidatos para funciones o tareas de gran
responsabilidad civil. Ya que es el conjunto de una trayectoria lo que se debe
considerar. No es lo que hizo o dejó de hacer el candidato en la dictadura lo
único que importa, ni tan siquiera lo que hizo o dejó de hacer en las décadas
siguientes, sino también el modo en que responde a las demandas por su pasado:
eso es lo insatisfactorio que fue deteriorando aún más su posición, porque
respondió con argumentos formales y leguleyos, rehusó la discusión de fondo, tanto
sobre la dictadura como sobre su talante político universitario clientelar y viscoso. Se tornó indefendible por esas
razones y no sólo por su pasado en la dictadura. Los argumentos que organizan
taxonomías y paralelismos son falaces y triviales por dos razones: otros que
han atravesado eventualmente un pasado similar superaron y desmintieron más que
de sobra cualquier mácula con su sola trayectoria. Es el caso de algunos
ejemplos que se suelen dar con lo que a fin de cuentas redunda en mala fe. Se
señalan figuras políticas intachables –en este sentido-, de líderes
republicanos o demócratas que no ameritan ponerse en tela de juicio. Es al
contrario: algunos de quienes profieren sus nombres no aprecian sus
trayectorias posteriores, y se solazan en señalar como contradicciones
circunstancias biográficas que en esas personas terminan siendo accidentales.
El tema aquí es que todos aquellos
que fuimos adultos en la dictadura tenemos frente a nosotros un interrogante
sobre nuestros comportamientos contemporáneos a la dictadura y a la postdictadura. Cada uno de nosotros enfrenta esa pregunta y
se encuentra en condiciones de dar testimonio de su circunstancia ética. No
aparecen estas preocupaciones en el discurso del candidato, mientras otros que
son comparados con él ocupan la vanguardia en las respuestas a tales cuestiones
lacerantes.
Si de defender la formalidad o los
tiempos institucionales se trata, sea, pero no se menoscabe por ello una
cuestión de fondo tan sensible y delicada, ni aún por
la defensa oportunista y torpe que algunos de sus impulsores ejercen. Se trata
de poner en tela de juicio la candidatura a un cargo, el del rector de la UBA,
que por convención, costumbre o tradición se inviste de un aura y un simbolismo
hacia los cuales no ofrece hospitalidad la figura de Alterini.
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